La exigencia por parte de la mayoría de las Comunidades autónomas (CCAA) de depositar la fianza para que el inquilino pueda acceder a la deducción por alquiler de vivienda habitual da lugar a no pocos problemas, si bien en la mayoría de las ocasiones no llegan a los tribunales dado que habitualmente se trata de cuantías bajas que hacen que no merezca la pena embarcarse en un pleito.

Son muchas las comunidades autónomas que establecen, como condición imprescindible para que el inquilino pueda deducirse el alquiler pagado por su vivienda habitual, que el arrendador haya depositado la fianza en el organismo correspondiente de la comunidad autónoma (CCAA)..

Lo paradójico de esta situación es que para que el inquilino pueda verse beneficiado por esta deducción, es necesario que el arrendador haya cumplido con su obligación de depositar la fianza.

En los casos en que el arrendador si deposita la fianza en la comunidad autónoma, el inquilino podrá deducirse en su declaración de la renta lo que ha pagado por el alquiler, siempre que cumpla el resto de requisitos que se le exigen.

Pero…¿qué ocurre si el arrendador no deposita la fianza?.

Qué ocurre si el arrendador no deposita la fianza

Efectivamente, el problema se plantea cuando el arrendador no ha depositado la fianza.

¿Qué debe hacer en este caso el inquilino?.

¿Debe arriesgarse a obtener la deducción y después recibir un requerimiento de la administración tributaria para devolver esa deducción, junto con la correspondiente sanción?.

¿Debe mandar un escrito al arrendador para saber si ha depositado la fianza?.

¿Debe demandar al arrendador?.

Solución

Bien, los pasos que debe dar el inquilino para tener un mínimo de garantías de éxito, siempre que cumpla el resto de requisitos para acceder a la deducción, son los siguientes:

1.- Si sabe o tiene indicios de que la fianza no está depositada, mandar un burofax con copia certificada y acuse de recibo al arrendador instándole a que deposite la fianza en la comunidad autónoma de forma inmediata (poner un plazo breve) debido a que es un requisito necesario para poder deducirse lo pagado en concepto de alquiler, requiriéndole para que le avise cuando esté hecho el depósito. Si el envío de este tipo de burofax pudiera resultar excesivamente “hostil”, también valdría un email, pero a poder ser recomiendo activar la casilla de “acuse de recibo” y “acuse de lectura” (muchos servidores de correo tipo gmail, hotmail, etc. no cuenta con esta funcionalidad). En cualquier caso, tanto el burofax como el email, así como las conversaciones por escrito que se generen tras este envío, deben ser guardadas a buen recaudo por el inquilino, pues como veremos es posible que las necesite en el futuro.

2.- Si no se ha recibido respuesta del arrendador en ese plazo concedido, recomiendo que el inquilino pida información en el organismo correspondiente de la CCAA para ver si la fianza se ha depositado. En caso afirmativo ya se podrá acceder a la deducción tranquilamente. En caso negativo, deberá pedir un certificado de tal extremo y el proceso continúa tal y como indico a continuación.

3.- En caso de que finalmente la fianza no esté depositada en la CCAA, y tras pedir el certificado que así lo acredite, el inquilino podrá hacer su declaración de la renta y deducirse lo que le corresponda.

4.- En el caso de que en los meses o años sucesivos el inquilino reciba un requerimiento por parte de la administración tributaria, entonces el inquilino tendrá que devolver la cantidad que se dedujo improcedentemente (pues no existía el derecho a deducción). Además, deberá abonar la sanción correspondiente.

5.- Finalmente, el inquilino tendrá una base muy suficiente, si ha realizado todo lo comentado anteriormente, para interponer una demanda de desahucio contra el arrendador reclamando todos los daños y perjuicios económicos que haya sufrido, y eso incluye:

  • La deducción que ha tenido que devolver.
  • La sanción que ha tenido que pagar.
  • Los gastos de abogado y procurador en caso de que el juez condene en costas al arrendador (en principio para procesos de menos de 2000 euros no es necesario abogado y procurador, por lo que el inquilino podría prescindir de estos profesionales e interponer la demanda él directamente, si bien será más factible un resultado exitoso si se cuenta con estos profesionales).

Alternativamente existe otra opción. Se trata de que el inquilino deposite la fianza en la comunidad autónoma por si mismo y deje de pagar una mensualidad de renta al arrendador. Sin embargo, las consecuencias jurídicas de esto para el inquilino podrían ser negativas si el arrendador opta por interponer una demanda de desahucio por impago de rentas y el juez admite a trámite la demanda. Esta opción no garantiza un resultado exitoso y la considero de mayor riesgo que la anterior.

La obligación de depositar la fianza en el correspondiente organismo de la comunidad autónoma es exigida por la Disposición Adicional Tercera (DA3ª) de la Ley de arrendamientos urbanos (LAU), que establece lo siguiente:

“Las Comunidades Autónomas podrán establecer la obligación de que los arrendadores de finca urbana sujetos a la presente ley depositen el importe de la fianza regulada en el artículo 36.1 de esta ley, sin devengo de interés, a disposición de la Administración autonómica o del ente público que se designe hasta la extinción del correspondiente contrato. Si transcurrido un mes desde la finalización del contrato, la Administración autonómica o el ente público competente no procediere a la devolución de la cantidad depositada, ésta devengará el interés legal correspondiente”.

Y tu… ¿has tenido este problema alguna vez?

¿Cómo te fue?.